Cuestionan el proyecto de reforma del Código Procesal Laboral

José Daniel Ruiz, director del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Entre Ríos, cuestionó el proyecto., entre otras razones, porque “el depósito previo garantiza que el trabajador pueda cobrar, o contar con bienes en respaldo, mientras se revisa la sentencia”. Aunque reconoció el derecho del empleador a apelar, Ruiz, en declaraciones al programa Buen Día, que conducen Carlos Matteoda, Alejandro Abero y Marta Segovia por Radio Costa Paraná (8.1), afirmó que ese derecho “no es absoluto” y que “la exigencia protege un crédito de carácter alimentario, en el marco de una relación laboral desigual”.

Invocó, en este sentido, “el mandato constitucional de protección del trabajo” y consideró que “quitar la garantía prioriza el patrimonio del empleador por encima del crédito reconocido al trabajador”; por ello, estima que “la reforma sería inconstitucional”.

Como ejemplo, Ruiz planteó el caso de trabajadores despedidos que no reciben lo adeudado dentro del plazo legal y deben litigar durante uno o dos años. “Si al terminar el proceso una empresa en crisis apela sin depositar la suma de condena y luego carece de bienes, la revisión puede dejar al trabajador sin una garantía efectiva de cobro”. Según Ruiz, permitir la apelación sin respaldo “no resuelve la insolvencia del empleador y agrava la desprotección de quien ya obtuvo una sentencia favorable”. Señaló, asimismo, que el requisito de depósito “ya fue objeto de iniciativas anteriores, aunque la propuesta actual lo elimina directamente”.

Honorarios y pericias

El proyecto, además, propone fijar los honorarios de los peritos según el mérito, la complejidad y la utilidad de su trabajo, y establece un límite. Ruiz observó que “valorar la tarea ya estaba contemplado en la normativa” y admitió que “puede debatirse el monto de los honorarios, que a veces incrementa las costas”. Objetó, sin embargo, que se reformen esas reglas sin consultar a los profesionales afectados —incluidos médicos, ingenieros, psicólogos y contadores— y advirtió que existen leyes arancelarias específicas cuya aplicación podría entrar en conflicto con el cambio.

Ruiz apoya fortalecer el cuerpo médico forense, una demanda que el Colegio y el Instituto venían planteando. Describió demoras de hasta dos años para obtener pericias médicas, por la insuficiencia de profesionales en algunas localidades, al tiempo que cuestionó la creación de un cuerpo médico especializado separado del forense, integrado sólo por tres médicos radicados en Paraná, sin una vinculación clara con la estructura del Poder Judicial ni una respuesta federal a las demoras.

También le preocupa que esos profesionales “evalúen casos con criterios vinculados al sistema de riesgos del trabajo” y que “puedan recibir capacitación de organismos relacionados con las aseguradoras laborales”.

Ruiz, finalmente, consideró problemático que el Poder Judicial revise actuaciones del Poder Ejecutivo en litigios entre privados y que el Estado intervenga de ese modo. En general, atribuyó estos riesgos “a una reforma debatida sin suficiente participación de los actores sociales y profesionales involucrados”.