¿Cómo proteger a la infancia en el entorno digital?

La infancia es un concepto jurídico que implica el reconocimiento de derechos específicos para niños, niñas y adolescentes, respaldados por tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos del Niño. No todos los países reconocen este concepto; por ejemplo, China, India e Irán no adhieren a este régimen, lo que afecta la protección de menores en contextos globales.
En Argentina, la infancia está protegida constitucionalmente, y el Estado es responsable de garantizar estos derechos, no el sector privado.
Dispositivos digitales, empresas y vulnerabilidad
Las grandes corporaciones tecnológicas, explicó Pablo Álvarez Miorelli –docente, pedagogo– durante una entrevista con el programa Ruido e Mate, que conducen Andrea Venturini, Marcelo Medina, Martín Echagüe y Julio Galera por Radio Costa Paraná (88.1), “controlan tanto los dispositivos como las plataformas digitales y aplicaciones, lo que convierte a los menores en consumidores y los expone a riesgos, especialmente cuando las empresas provienen de países que no reconocen la infancia como un bien jurídico a proteger”. Ejemplo: “TikTok, desarrollado en China, donde no existe la protección jurídica de la infancia, plantea interrogantes sobre la seguridad y los derechos de los menores argentinos que acceden a la plataforma”.
Alfabetización digital y políticas públicas
La alfabetización digital debe entenderse “más allá del manejo técnico de dispositivos” dado que “ implica el acceso y uso de recursos digitales desde una perspectiva de derechos, incluyendo el respeto, el cuidado, la propiedad intelectual y la integridad personal. Es fundamental que el Estado implemente políticas públicas que promuevan pedagogías del cuidado y enfoques basados en derechos humanos. La escuela debe asumir un rol central, brindando herramientas para que los menores naveguen de forma segura y crítica el entorno digital, en vez de limitarse a ser consumidores pasivos”.
Riesgos
Álvarez Miorelli agregó que el uso excesivo de dispositivos genera “desregulación temporoespacial en los menores, afectando sus hábitos de sueño y su rendimiento escolar, ya que muchos estudiantes llegan trasnochados a clases”. Además, existen riesgos graves como “la trata de personas, la explotación a través de venta de contenidos digitales, apuestas en línea y la falta de regulación sobre transacciones digitales de menores. La ausencia de políticas estatales agrava la vulnerabilidad de los niños y adolescentes frente a estos peligros”, advirtió.
Prohibiciones y estrategias educativas
La prohibición estricta del acceso a dispositivos o redes sociales “no es una solución efectiva”, remarcó, dado que “lo prohibido suele volverse más atractivo y difícil de controlar sin una infraestructura de cuidado adecuada”. La estrategia recomendada “es educar en el cuidado, promoviendo la autonomía y la responsabilidad en el uso de la tecnología, en lugar de recurrir al castigo o la disciplina rígida. Es esencial acompañar cualquier regulación con políticas públicas y acciones que regulen a las empresas, no sólo a los menores”.