«Como no entienden, desatienden»: denuncian la negativa a declarar la emergencia en Salud Mental

Miércoles 29 de abril de 2026

La emergencia es una medida que la Mesa viene reclamando desde hace un año y medio para propiciar recursos y decisiones de política pública que frenen el «dolor que está generando el sufrimiento de muchos entrerrianos».

Cislaghi fue tajante al calificar el discurso oficial como alejado de la realidad de los ciudadanos. Mientras el Ministro se ampara en un decreto de urgencia, la licenciada afirmó que escucharlo parece oír una «información de IA» (Inteligencia Artificial) que no condice con lo que sucede en la calle.

Denunció que en la salud pública «está 6 meses el turno para un psiquiatra» y que los profesionales trabajan de manera precarizada.

Respecto a la cobertura territorial, aportó que Entre Ríos posee unos 260 territorios (municipios, comunas y juntas de gobierno), pero solo existen 90 efectores de salud con acceso a la salud mental,  y sólo en las ciudades más grandes.

A dos años de gestión, el gobierno aún no ha hecho funcionar el Prisma, una mesa interministerial reglamentada para generar corresponsabilidad entre los diferentes actores del Estado.

Suicidio: la primera causa en jóvenes

Uno de los puntos más sensibles de la entrevista fue el análisis del suicidio, al que definió como una problemática multicausal atravesada por crisis políticas, sociales y económicas.

Cislaghi advirtió que el suicidio es hoy «la mayor causa de muerte entre los jóvenes entre 18 y 24 años», lo que indica una dificultad en las nuevas generaciones para consolidar una identidad con fortaleza para afrontar las vicisitudes de la vida.

Sobre los altos índices en Entre Ríos, que superan la media nacional, la licenciada insistió en la necesidad de crear un observatorio.

Mencionó que ciudades como Nogoyá, Colón y Victoria siempre han tenido índices elevados, pero que ahora la situación se ha generalizado en toda la provincia.

Criticó que el Ministro optara por «dividir» el abordaje al no integrar, por ejemplo, la situación de salud mental de la fuerza policial en una estrategia conjunta.

La situación de los consumos problemáticos es, según Cislaghi, otro punto en «jaque». Informó que las casas de acompañamiento (convenidas con Sedronar) sufren retrasos de pagos de hasta tres meses por parte de Nación, y que la provincia no tiene incidencia ni convenios con estos espacios por «decisión política».

Los datos revelados son estremecedores:

• Hay entre 600 y 700 entrerrianos con salud mental comprometida por consumos en registros oficiales de Sedronar.
• «En Entre Ríos el inicio de consumo está a los 8 o 9 años», principalmente de alcohol, cocaína o marihuana.
• El 90% de las personas en situación de calle tiene compromiso con los consumos (especialmente alcohol).

Cislaghi fustigó la falta de acción del Ejecutivo: «Hay mucho funcionario mucho ejecutivo que como no entiende lo desatiende».

Relató casos dramáticos, como el de un joven de 37 años en situación de calle con consumo de crack a quien el sistema de salud pública no dio una respuesta asertiva, devolviéndole la responsabilidad de su propio tratamiento a pesar de su extrema vulnerabilidad.

La licenciada puso en duda la suficiencia de las medidas anunciadas por el gobierno. Señaló que capacitar a 40 psicólogos no alcanza frente a las necesidades de la provincia, y que solo cuentan con 50 psiquiatras para 256 territorios.

Como ejemplo de la desproporción, citó el caso de Gualeguaychú: «¿Qué hacen cuatro psicólogas con más de 8000 alumnos?». Propuso que la salud mental sea trabajada de forma «integral y horizontal» en las escuelas, desde los 3 hasta los 17 años, y no como una simple asignatura.

Finalmente, dejó un mensaje para la comunidad y los gobernantes: «Accionar en salud mental es pensar desde el bienestar… el acceso al derecho a la salud es un derecho no un privilegio». Instó a quienes sufren a no sentirse solos y pedir ayuda, remarcando que «una mala situación… no es determinante en la vida de uno».