Comedores escolares: la polémica continúa

La abogada Valeria Enderle, integrante de la causa y directora ejecutiva de Cauce, rechazó la interpretación difundida por el Gobierno sobre la opinión del procurador general Jorge García. Según explicó, García no sostuvo que debía confirmarse la sentencia ni rechazarse la apelación presentada por padres, Agmer y Cauce. Su dictamen habría considerado que la sentencia no es arbitraria, que está debidamente fundada en la Constitución, las normas nacionales y los tratados internacionales, y que el Superior Tribunal de Justicia podría aclarar el alcance de su parte resolutiva en relación con los fundamentos.

Enderle, en declaraciones al programa Buen Día, que conducen Carlos Matteoda, Alejandro Abero y Marta Segovia por Radio Costa Paraná (88.1), calificó como “falsa y controvertida” la versión oficial que presentó el dictamen como un respaldo pleno al nuevo sistema de comedores. También señaló que “varios medios reprodujeron esa interpretación sin consultar la fuente original”. A su entender, el procurador “destacó que el Estado debe garantizar una alimentación saludable y variada, conforme a la normativa vigente”, y valoró el diálogo interinstitucional iniciado por el Ejecutivo, pero “nunca pidió rechazar la apelación”.

Estado del proceso

El expediente se encuentra en despacho desde el 5 de septiembre. Los vocales del Superior Tribunal tienen, en principio, seis días corridos para resolver, aunque pueden extender el plazo debido a la complejidad del caso. Ya fueron presentadas las vistas de la defensoría y de la procuración, por lo que ahora se espera la sentencia del tribunal.

Enderle afirmó que ni Cauce, ni Agmeer, ni los padres, ni los niños y adolescentes destinatarios fueron convocados “al supuesto diálogo interinstitucional”. Por eso observa la iniciativa con cautela. También cuestionó “los cambios sucesivos del gobierno: primero defendió la sentencia y anunció la entrega de productos secos; luego propuso dialogar y, más recientemente, informó que incorporaría alimentos frescos”. Para la fundación Cauce, esas modificaciones “demuestran que las objeciones planteadas desde el comienzo eran válidas y que la consulta a profesionales de la salud, docentes y comunidades debía haberse realizado antes de la licitación”.

Alcance de la demanda

La acción judicial no cuestiona qué empresa contrata el Ejecutivo ni pretende impedir que el Gobierno diseñe la política alimentaria, facultad que le corresponde. Reclama que esa política “respete las normas constitucionales, convencionales y locales”. La eventual rescisión o modificación del contrato es una cuestión contractual que deberá analizar el Gobierno con sus abogados y comunicar públicamente, si corresponde.