Comedores escolares: la Defensoría del Pueblo de Paraná se presentó como amicus curiae
Su titular, Lisandro Amavet, formalizó su intervención ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones en el marco del amparo colectivo que cuestiona el nuevo esquema de provisión de insumos para desayunos y meriendas en los establecimientos educativos entrerrianos. La presentación busca aportar consideraciones técnicas, de salud y de derechos humanos frente a la medida implementada por el Consejo General de Educación (CGE).
WhatsAppLa Defensoría del Pueblo de Paraná se presentó como amicus curiae – “amiga del tribunal” – en el amparo colectivo iniciado contra la provincia por la provisión de alimentos ultraprocesados en comedores escolares. La decisión surgió a partir de inquietudes de integrantes de la comunidad educativa de Paraná y del análisis de estudios aportados por facultades, profesionales y el Colegio de Nutricionistas. Por su autonomía, independencia y perfil técnico, la Defensoría consideró que debía intervenir ante una posible vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
El Defensor del Pueblo, Lisandro Amavet, durante una entrevista con el programa Buen Día, que conducen Carlos Matteoda, Alejandro Abero y Mara Segovia por Radio Costa Paraná (88.1), explicó que “los productos previstos en el contrato —elaborados, industrializados y ultraprocesados, con elevados niveles de grasas y sal— contradicen la legislación nacional de promoción de la alimentación saludable”. También entrarían en conflicto “con la ley provincial y con resoluciones y circulares de la propia Dirección de Comedores, que históricamente promueven alimentos frescos, caseros y saludables, en oposición a productos procesados o derivados de alimentos”.
La Defensoría del Pueblo, asimismo, plantea que la administración provincial “debe adecuar o reformular el contrato para cumplir con ese marco legal, en lugar de sostener una provisión alimentaria incompatible con las normas vigentes”.
Estado judicial del caso
El amparo se transformó en colectivo y comprende una medida cautelar y una cuestión de fondo. La cautelar que suspendió provisoriamente la ejecución del contrato fue apelada ante el Superior Tribunal de Justicia provincial, y, mientras se resuelve, el contrato permanece suspendido.
El proceso también habilitó a personas y organizaciones potencialmente afectadas a presentarse y aportar argumentos o pruebas. Ahora resta que la Justicia resuelva la cautelar y, posteriormente, la sentencia definitiva del amparo.
Lisandro Amavet, defensor del Pueblo de Paraná