Bahillo cuestionó el rápido tratamiento en comisiones de la reforma previsional

Las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, junto a la de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, concluyeron el análisis del proyecto de ley denominado “Restauración del equilibrio y fortalecimiento del sistema previsional”. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo y con media sanción con modificaciones del Senado, obtuvo despacho de mayoría en la última jornada de trabajo tras un debate que incluyó a diversos sectores institucionales.
El diputado provincial opositor Juan Jose Bahillo, durante una entrevista con el programa Buen Día, que conducen Carlos Matteoda, Alejandro Abero y Marta Segovia por Radio Costa Paraná (88.1), consideró que ley otorga al Poder Ejecutivo amplias facultades para modificar alícuotas, aportes personales y patronales, y la fórmula de cálculo del haber inicial, aspectos que, según la Constitución provincial, “deberían ser competencia exclusiva” del Poder Legislativo. Esta delegación de atribuciones es objetada por considerar que “vulnera el principio de división de poderes y limita el control democrático sobre cuestiones sensibles del sistema previsional”.
El propuesto nuevo régimen previsional, según la mirada de Bahillo, implica “varios perjuicios concretos” para los jubilados:
– El cálculo del haber inicial se modifica, pasando de considerar los últimos 10 años a 15 años de aportes, lo que reduce el monto de la primera jubilación.
– Las actualizaciones de haberes quedan atadas principalmente a la paritaria docente, lo que genera inequidades con otros sectores que hayan tenido aumentos salariales no reflejados en la movilidad jubilatoria.
– Se habilita la posibilidad de aportes extraordinarios y la modificación de alícuotas por decisión del Ejecutivo, lo que puede traducirse en mayores descuentos para los activos y menores ingresos para los pasivos.
– La suma de estas medidas implica una pérdida de derechos y un deterioro del poder adquisitivo de los jubilados.
El alcance de la ley “es amplio, afectando a cerca de 200.000 personas entre activos y pasivos de la administración pública provincial y municipal, así como de los sectores de educación y salud”, agregó el legislador.
Bahillo, asimismo, cuestionó que no se haya realizado “un análisis detallado” ni se hayan presentado “proyecciones claras sobre el impacto presupuestario y financiero de la reforma” y advirtió que el Gobierno podría estar subestimando “las consecuencias económicas y sociales, tanto para los jubilados como para el consumo y el comercio local, que dependen en parte del ingreso de este sector”.
Participación y relato
El oficialismo invitó a entidades empresariales y productivas (como la Bolsa de Cereales y la Unión Industrial) a participar del debate, aunque “no existe una relación directa entre la reforma previsional y la estructura impositiva provincial que afecte a estos sectores. No hay impuestos provinciales directos que financien la caja previsional desde la actividad privada”, expuso Bahillo, añ tiempo que señaló que la narrativa de confrontación entre trabajadores públicos y privados “es una construcción comunicacional sin fundamento real en el contenido de la ley, y que genera divisiones sociales innecesarias”.