Analizaron el impacto de las medidas que adoptó el Gobierno nacional gracias a las facultades delegadas

La Fundación para el Desarrollo Humano Integral está conformada por un grupo de profesionales que se ha impuesto como tarea, por un lado, analizar la política que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei en todos sus ministerios y principales organismos públicos y, por otro lado, preparar un programa de gobierno con un sentido político absolutamente distinto al de la actual administración.

Con estos objetivos, explicó Bruno Giormenti Moravec, integrante de la Fundación, “hicimos, en su momento, un análisis del DNU 70/2023 y de la Ley de Bases” al tiempo que evaluaron “las políticas que lleva adelante (el presidente Javier) Milei.

A poco de cumplirse un años de la promulgación de la Ley de Bases y finalizar las facultades delegadas, “nos pusimos a ver qué fue lo que hizo el Gobierno con esta oportunidad que le dio el Congreso de la Nación de tener facultades legislativas que, básicamente, es poder modificar las leyes que se le dé la gana, con algunas condiciones como tener que presentarlas a una comisión bicameral, en el Congreso, o presentar informes mensuales del Ejecutivo al Congreso diciendo qué es lo que está haciendo con esas facultades, que no presentó ni uno solo, por supuesto”.

De ese análisis, la Fundación para el Desarrollo Humano Integral contabilizó “88 normativas, de las cuales la mayoría –algo así como el 50/52%– refiere a la intervención, transformación y eliminación de organismos públicos.

Entre las modificaciones más resonantes, resaltó Giormenti Moravec durante una entrevista con el programa Sexto Sentido, que conducen Jorge Ballay y Pablo Lescano por Radio Costa Paraná (88.1), se encuentran “la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que, a nuestro juicio, son transformaciones absolutamente perjuiciosas y negativas para el destino de la Nación y pueblos argentinos”.

La Dirección Nacional de Vialidad “era un organismo que estaba pronto a cumplir 100 años –fue fundado en 1932–, y quien ha viajado por el país, por las rutas nacionales, sabe que siempre va a encontrar un campamento de la Dirección Nacional de Vialidad que se encargaba de hacer el mantenimiento de las rutas, y también de hacer la supervisión de toda la red caminera, incluida las rutas concesionadas. Ahora no queda claro qué es lo que va a pasar porque el plan de Milei es concesionar las rutas. ¿Y qué va a pasar con aquellos tramos que ningún privado va a ir a buscar para gestionar? Porque los privados van a ir a los tramos rentables, que tienen mayor densidad de tráfico de pasajeros y de cargas, para poder cobrar un peaje. Entonces, lo que nosotros estamos anticipando es que va a haber un traslado de usuarios, por el aumento del flete logístico, el costo logístico, porque al deteriorarse los pavimentos, va a bajar la velocidad comercial y por tanto aumentar los tiempos de transporte de la mercadería, y también va a aumentar la siniestralidad en Argentina”.

La ahora eliminada Agencia Nacional de Seguridad Vial, creada por una ley en 2008, “se encargó no sólo de ser el único rector nacional de la seguridad vial, sino que además se encargó de hacer campañas de prevención educativa en todos los niveles y jurisdicciones, y eso no está más”.

Estos dos ejemplos, añadió Giormenti Moravec, significan, además, “una pérdida de lo que denominamos capacidades estatales”. Ahora, señaló, “está muy de moda decir que el Estado no sirve, que es el enemigo, que es un parásito, pero el Estado se debe encargar de garantizar derechos y resolver los problemas que tenemos los argentinos y las argentinas, y para eso se necesitan técnicos formados, profesionales, expertise, know-how, y eso tarda tiempo en construirse”.

– Realmente se está provocando una devastación, una destrucción de las herramientas que tienen los argentinos para producir y crecer que es llamativa. ¿Usted tiene algún antecedente de esto en la Argentina?

– Creo que los antecedentes se encuentran fundamentalmente en el Proceso de la Revolución Nacional, y, por supuesto, en la década de los 90. Es como que volvemos a retropezar con la misma piedra y nosotros pensamos que esta historia va a terminar donde el país ya sabe que va a terminar. Con un Estado mínimo, retirado, un Estado estúpido y bobo, y con una crisis social muy grande.

Resumen

El informe de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral se puede resumir en los siguientes 10 puntos:

1. Más del 50% de las normas se refieren a la intervención, transformación o eliminación de organismos públicos, mientras que 19% son desregulaciones, 11% la disolución de fondos fiduciarios y 9% privatizaciones.
2. Disolución de organismos como Dirección Nacional de Vialidad, Inadi, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento e Instituto Nacional de Medicina Tropical, entre otros.
3. Se desjerarquizaron o desautonomizaron organismos como INTA, INTI, Instituto Nacional contra el Cáncer, Archivo Nacional de la Memoria, Museo ESMA, Banco Nacional de Datos Genéticos, Instituto Nacional del Agua e Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, entre otros.
4. La intervención sobre esos organismos permite al Estado habilitar despidos masivos de su personal estable, por lo que es esperable que la combinación de desvinculaciones con quita de autonomía y ahogo presupuestario conduzcan a su cierre o paralización.
5. El Gobierno avanzó con la privatización de dos empresas que habían sido excluidas del capítulo específico de privatizaciones del cuerpo de la Ley: Aerolíneas Argentinas y Banco de la Nación Argentina.
6. De los 16 fondos fiduciarios eliminados, varios eran claves para la industria y el acceso a la vivienda (como el Fondo Pro.Cre.Ar y el FISU).
7. Estas reformas constituyen una gran pérdida para la capacidad del sector público de resolver los problemas que aquejan a la nación y al pueblo argentino.
8. La readecuación normativa, el reordenamiento más eficiente de las funciones y empleos públicos, sin dudas, deudas pendientes para los gobiernos nacionales, se transformó en la excusa para una aplicación salvaje de la motosierra.
9. La consecuencia evidente de este proceso es la pérdida de soberanía política, la profundización de la dependencia científica y comercial, y en última instancia, el abandono de cualquier posibilidad de optar por un camino de desarrollo, crecimiento e integración económico y social.
10. El próximo gobierno tendrá una gigantesca demanda de inversión para llevar adelante la reconstrucción de capacidades e infraestructura pérdida.