Aftosa: la libre elección de veterinarios para vacunar genera polémica

La decisión del Gobierno nacional, oficializada a través de la Resolución 201/26 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), de habilitar a los productores ganaderos a elegir libremente a veterinarios privados –acreditados ante aquel organismo– para la aplicación de vacunas obligatorias, tal el caso de aftosa y brucelosis, ha levantado polvareda en el sector entre aquellos que rechazan enfáticamente esa decisión y quienes la ven con buenos ojos.

La medida, que entrará en vigor el primer día de 2027, según el Gobierno, busca descentralizar el servicio, aumentar la eficiencia y mejorar la competencia en el sector ganadero. También, se argumenta, permitirá a los productores reducir costos.

Conocida la Resolución 201/26, la mayoría de las entidades del sector salió a rechazar la medida, defender el actual sistema con base en las fundaciones y remarcar los riesgos que implica esta decisión para la sanidad de los rodeos.

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), a través de un comunicado, rechazó de plano la decisión oficial, a la que definió como “innecesaria e inoportuna” dado que “introduce riesgos en un esquema sanitario que durante décadas ha demostrado eficacia para proteger al rodeo argentino”.

Farer, además, advirtió que habilitar la aplicación de la vacuna por parte de veterinarios privados de manera directa podría fragmentar el sistema y debilitar los controles.

Sergio Dalcol, el presidente de Farer, en declaraciones al programa Código Campo, que conduce Danilo Lima por radio Costa Paraná (88.1), recordó que el Senasa en los últimos tiempos tomó dos medidas objetables. “La primera fue el cambio de las fechas de las campañas de vacunación que generó un amplio rechazo, y, a pesar de lo que pueden llegar a decir en el Senasa, no se hicieron las consultas como deben hacerse a través de las Coprosas, sino que se hicieron consultas puntuales a algunos referentes para ver qué opinaban del cambio, sobre todo de la segunda fecha, que es en junio. Como la medida ya estaba tomada, lo mejor que pudimos conseguir es que la medida se revea el año que viene”, señaló Dalcol.

La segunda medida, prosiguió, fue “esta Resolución 201 que la pusieron directamente arriba de la mesa sin ningún tipo de consulta. La única explicación posible, hay que decirlo, es que hay quejas de algunos productores que quieren dejar de vacunar, el reclamo no viene de afuera, viene de adentro del sector”.

Esta postura, en la opinión de Dalcol, “no es generalizada, aunque, por supuesto, es respetable”.

El ruralista de Gualeguaychú, en este sentido, consideró que “la idea de algún grupo de productores de, directamente, dejar de vacunar va en línea con pensamiento del ala política del Gobierno, que en su afán de continuar con esta famosa motosierra está dispuesto a cortar con todas aquellas cosas que consideran gastos inoportunos, ineficientes, o que no tengan un retorno específico de lo que se está gastando”.

“Pueden llegar a pensar que está bien dejar de vacunar porque los productores se van a ahorrar equis cantidad de millones de pesos, sin pensar en todo lo que podría llegar a suceder, incluso para las propias arcas del Gobierno, si por alguna cuestión aparece un brote de aftosa”, añadió Dalcol, al tiempo que remarcó la falta de capacidad del Senasa para hacer un control epidemiológico en el caso de que se dejara de vacunar. El cambio de estatus sanitario, por otra parte, “no garantiza por sí solo la apertura de nuevos mercados”.

Sobre la base de estos argumentos, el presidente de Farer tiene “serias sospechas” de que el próximo paso del Gobierno sea dejar de vacunar. “Habría que preguntarles a las máximas autoridades de la Secretaría de Agricultura qué piensan en este sentido, sería bueno arrancarles una definición –si lo tienen en mente, si lo tienen planificado– para tener un indicio de hacia dónde vamos”, enfatizó Dalcol.