Advierten sobre las posibles consecuencias de la reforma previsional

El sistema previsional de la provincia enfrenta un déficit estructural que no es reciente, sino que se arrastra desde hace décadas. Las causas principales del déficit incluyen la temprana edad de jubilación de ciertos sectores, especialmente docentes y policías, quienes se retiran entre los 50 y 54 años, sumado a una expectativa de vida creciente que extiende el período de cobro de haberes jubilatorios. En muchos casos, los aportes realizados durante la vida laboral (25-30 años) resultan insuficientes para financiar jubilaciones que pueden durar 40 años o más.
El diagnóstico fue efectuado por el abogado Raymundo Kisser, especialista en cuestiones previsionales, durante una entrevista con el programa Malos Perdedores que conducen Exequiel Flesler, Analía Winkelmann e Ignacio Koonrstra por Radio Costa Paraná, unas horas antes de exponer ante las comisiones del Senado que analizan la iniciativa de reforma previsional que impulsa el gobierno de Rogelio Frigerio.
Limitaciones
El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo provincial es “insuficiente y superficial”, ya que aborda los efectos pero no las causas estructurales del déficit, señaló Kisser, y lo consideró “un parche» temporal que no resuelve el problema de fondo”.
El aumento de la edad jubilatoria, opinó, puede ser “un paso necesario”, pero la propuesta actual es “excesiva y no equitativa”, especialmente si no se acompaña de reformas más profundas.
Cambios estructurales
Para una solución sostenible, agregó el ex legislador radical, se requiere una reforma estructural que trascienda el ámbito de la Caja de Jubilaciones e involucre a toda la sociedad. Propuso, en este sentido, convocar a “una audiencia pública”, conforme al artículo 51 de la Constitución provincial, para debatir con participación ciudadana. “El problema no se limita a jubilados y empleados públicos, sino que afecta a todos los contribuyentes, ya que el déficit se cubre con fondos generales provenientes de impuestos”, observó.
Entre los factores específicos que agravan el déficit, Kisser enumeró los siguientes:
* El retiro anticipado de docentes por agotamiento prematuro, que genera un fuerte impacto financiero, y propuso “repensar el sistema educativo”, por ejemplo, considerando la implementación de escuelas de jornada completa y sumando el déficit previsional al presupuesto educativo para dimensionar el costo real.
* Los policías también se jubilan anticipadamente y, tras el retiro, suelen incorporarse al sector privado sin realizar aportes, lo que agrava la falta de financiamiento. Planteó la posibilidad de reubicar a estos agentes en tareas administrativas en vez de jubilarlos tan jóvenes.
Falta de gestión
Kisser, además, criticó que no se hayan realizado gestiones efectivas para reclamar a la Anses los fondos que corresponden a la provincia desde la transferencia del sistema previsional en los años 90 y el pacto fiscal de 2017.
Otras provincias, como Santa Fe y Córdoba, observó “han exigido y obtenido” estos recursos. La armonización de la caja provincial con la nacional (en edad y años de servicios) es una condición para recibir estos fondos, pero “no se ha avanzado suficientemente” en este aspecto.
Aportes de empresas estatales y cooperativas
KIsser recordó, asimismo, que empresas estatales como Enersa y cooperativas eléctricas, que operan servicios públicos en la provincia, “no están realizando aportes al sistema previsional” provincial. Si se incorporaran, “aportarían sumas significativas que ayudarían a reducir el déficit”, remarcó, y cuestionó “la falta de acción política para exigir estos aportes” a lo largo de los años.
Riesgos constitucionales
La reforma propuesta, advirtió Kisser, podría vulnerar tanto la Constitución provincial como la nacional, especialmente en lo relativo al 82% móvil y los derechos adquiridos de los jubilados. La ley, tal como está planteada, no garantiza la movilidad ni el nivel de los haberes jubilatorios, y podría ser objeto de impugnaciones legales.
Kisser, por último, reconoció que no existen soluciones rápidas al problema previsional. Se requiere “un abordaje integral, consensuado y de largo plazo, que incluya reformas estructurales, gestión eficiente de recursos, ampliación de la base de aportantes y participación social en el debate. Las medidas parciales o apresuradas sólo postergan la crisis y pueden agravar la conflictividad social y jurídica.