Advierten que toda modificación de la coparticipación debe ser analizada con mucha cautela

En medio de la dura disputa entre los Gobiernos nacional y provinciales por la distribución de los recursos del país, cuya escalada parece no detenerse, el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, en diálogo con el programa Sexto Sentido, que conducen Jorge Ballay y Pablo Lescano y se transmite por Radio Costa Paraná (88.1), distinguió algunas cuestiones relacionadas con el reparto de los fondos.

“Vamos a distinguir distintas cosas sobre el tema de la distribución de los recursos del país, llamémosle del país, porque las provincias son las que configuran el país. Yo siempre corrijo y digo que no son los impuestos nacionales, son los impuestos del país que se recaudan en las provincias, se remiten a la Nación y la Nación los redistribuye a través de un sistema de coparticipación”, señaló, y precisó que “todo ese sistema se llama de derecho intrafederal. ¿Qué significa? Que no lo hace ni solamente el Congreso de la Nación, ni solamente el Poder Ejecutivo Nacional, ni solamente las Legislaturas provinciales, ni solamente los Ejecutivos provinciales, sino que es un tipo de derecho que se construye a partir de la manifestación de todas las instancias”.

Un poco de historia

Rodríguez Signes, en este sentido, hizo un poco de historia y recordó que no hubo un sistema de coparticipación estable hasta 1988. Ese año, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, se dictó la Ley Nº 23.548, y recién en 1994, durante el primer mandato de Carlos Menem, el sistema se constitucionaliza.

Este paso, subrayó el fiscal de Estado, fue “muy importante” porque el sistema de coparticipación aparece en la Constitución”, y allí “aparece la necesidad de una regulación que tiene que tener una serie de requisitos”.

Partiendo de esa base, según la mirada de Rodríguez Signes, “toda modificación a un sistema que altere los ingresos de las jurisdicciones, de las provincias, debe ser analizada con mucha cautela, y, advirtió que “no son lo mismo los derechos de la coparticipación propiamente dicha –lo que le pasa a Chubut– y el Fondo de Incentivo Docente, que era una ley que venció en enero de este año y no se prorrogó, y no es lo mismo que las deudas de la Anses, y no es lo mismo que el Fondo Fiduciario Federal. Cada uno tiene su régimen, y, entonces, hay que ver cada cosa”-

Ante este conflicto, Rodríguez Signes sostuvo que en la provincia “estamos examinando cada situación y viendo si hay alguna alteración irregular al régimen para hacer los reclamos que correspondan”.

Los años 90

Rodríguez Signes, asimismo, consideró que fue en los años 90 cuando se produjo, a su juicio, la mayor detracción. Fue cuando las provincias tuvieron que asistir al Estado nacional para financiar a la Anses, y le cedieron el 15% de la coparticipación. Y eso recién se pudo revertir en noviembre de 2015, y a partir de 2016 empezó a plantearse la cuestión, tras una sentencia que favoreció a Santa Fe, San Luis y Córdoba. Ahí empezó a modificarse la situación y justamente el gobernador Rogelio Frigerio, que era ministro del Interior en aquel momento, Gustavo Bordet que era gobernador, celebraron un pacto fiscal que poco a poco restituyó la normalidad en cuanto a la coparticipación”.

El fiscal reiteró que el sistema de coparticipación “es complejo” a tal punto que “en la Comisión Federal de Impuestos, que interpreta todo esto y tiene representación de las provincias, se lo llama laberinto de la coparticipación. Solamente los especialistas, muy especialistas, conocen bien los entretelones”.

Ante una pregunta puntual, el fiscal de Estado confirmó que Entre Ríos recibe la coparticipación diaria, pero tiene “cuestiones pendientes con la Nación, que más que nada, en un gran porcentaje, provienen del pacto fiscal que establece que hay que financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones”.

Límite al endeudamiento

Rodríguez Signes, por último, llevó tranquilidad a los entrerrianos y diferenció la situación de Chubut con la de nuestra provincia. “Nosotros tenemos un límite a los endeudamientos. Es decir, cada vez que Entre Ríos va a tomar deuda, se hace un análisis para no exceder los límites que la Constitución admite”, subrayó.