Advierten que el censo nacional excluye preguntas vinculadas a la discapacidad en la sociedad argentina

Arbasetti observó que se pregunta sobre diversas situaciones, pero se dejan a fuera de interés público oficial las preguntas sobre las condiciones de las personas. “Me refiero a la condición física y de salud, porque convengamos que en muchos de casos son muy complejos, son condiciones irreversibles que requieren de una asistencia permanente. Y al no registrarlos, es decir al negarlos, lo que se está haciendo también es obviar la necesidad de políticas públicas para manejar la discapacidad”, advirtió la docente entrevistada.

“Esa situación -continuó-, trae como consecuencia no incluirlas en el presupuesto nacional, que se efectúa todos los años, y por lo tanto las obras sociales no estén dispuestas a reconocer las necesidad que puedan tener”.

En el programa “Aire de todos”, periodístico matutino de la radio pública de la capital entrerriana, periodistas y entrevistada repararon en los casos en que muchos padres, muchas madres, deben acudir por atajos complicados, judiciales y lentos, para que las obras sociales reconozcan los derechos de asistencia a sus hijos, a sus hijas con discapacidades. Es decir que hay una práctica de pago de servicio y una constante que se produce con conocimiento estatal, a la vista social, de desentendimiento de los compromisos que hacen a la existencia de una obra social. En otras palabras, que cobran de afiliados, cobran del Estado en muchos casos, y no cumplen con sus obligaciones, al hacer caso omiso a la Ley de Discapacidad que rige en la República Argentina.

Es en ese marco, en el que la docente y activista por los derechos de las personas con discapacidades advierte que el censo, otra vez, dejará pasar la posibilidad de encarar el tema que afecta a millones de ciudadanos y ciudadanas.

“La negativa de las negativa de las obras sociales, como el Iosper, que es la que tiene mayor insumo porque la mayor cantidad de empleados de esta provincia tiene esa obra social, lleva a que haya muchos padres que han tenido que presentar recursos de amparo para poder hacer estudios, para poder recibir asistencia motriz para sus hijos, para conseguir una silla de rueda. Y realmente es muy injusto, sobre todo con una población que ya viene con un problema de salud”, afirmó.

Arbasetti consideró que poco costaría, debido a que faltan dos meses para la realización del censo, que se incluyan preguntas sobre las discapacidades en la población.

Se le preguntó a la entrevistada sobre números de discapacidad, a lo que contestó: “Nosotros hicimos, junto al Consejo General de Educación, en el año 2000, un censo tentativo, por supuesto, por vía de las escuelas. Y en ese momento se recogieron datos de aproximadamente 3.000 personas con discapacidad, pero hay que tener en cuenta que hay no escolarizados o algunos que estaban en sus casas y no pudieron ser censados, de modo que es una cifra tentativa. En la actual oportunidad, me parece importante también que se incorpore la diversidad sexual, e incluso la consulta sobre los pueblos originarios o el origen afroamericano, porque son datos relevantes que hacen a la cultura del país. Estas son minorías que se han incorporado en los últimos años. La discapacidad existió siempre y ha ido progresivamente en aumento en relación al aumento de la población”.

Complementó esta última respuesta al indicar que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, al pronunciar el discurso de apertura de sesiones del Congreso, que se elaborará una nueva ley de discapacidad, porque en el país hay, según citó de las palabras del mandatario, “hay alrededor de 4 millones de personas de diversas condiciones”. “Y nosotros -continuó- tenemos estadísticas que indican que entre el 10 y el 12 por ciento de la población padece alguna clase de discapacidad; es decir que no es un volumen menor como para dejarlo de lado”.